¿Harakiri de las FARC con la Corte Penal Internacional y la jurisdicción universal?

Jean Carlo Mejía Azuero. PhD
Profesor de Derecho Penal Internacional.

Mientras como lo afirma María Jimena Dussán en la última edición de la revista Semana, los casos contra los militares y policías en la JEP se mueven; añadiría también que vuelan, se filtran y se publicitan una y otra vez.

Los relacionados con las FARC están siendo torpedeados por sus propios abogados a través de múltiples dilaciones, usando una y otras vez recursos judiciales previstos en las normas procesales especiales, sin darse cuenta que se están haciendo Harakiri.

La posición del partido FARC a través de sus dirigentes, negando los graves crímenes cometidos, los deja expuestos no sólo ante una CPI cada vez con más problemas internos, sino ante la jurisdicción universal, tal y como de tiempo atrás lo hemos advertido.

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La cosa juzgada fraudulenta puede ser aplicada frente a las decisiones de la JEP, en relación con miembros de las FARC, si no satisfacen los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición.

A lo anterior habrá que sumarle los casos existentes en la justicia ordinaria paralizados en la práctica en virtud de la Sentencia C 080 del 2018; las solicitudes de la JEP a la rama penal para que actúe; y como si fuera poco el funcionamiento asimétrico actual de tres jurisdicciones con competencia en relación con temas de una guerra, que además tristemente continuó.

La seguridad jurídica tan reclamada en la Habana por las FARC, las mismas FARC, ahora como partido político la están destruyendo minuto a minuto. Sus víctimas no se quedarán quietas.

Y como cosa rara, cualquiera puede evidenciar que la preocupación del nuevo sistema, en relación con la rendición de cuentas, se sigue enfocando en los agentes del estado en la práctica; obviamente, en la de los uniformados, que ahí están poniendo la cara y admitiendo verdades desgarradoras, las de las ejecuciones extrajudiciales y los homicidios en persona protegida.

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¿Y por qué? Porque sencillamente no hay nada que más venda en este país antimilitarista. El nuevo fiscal de la CPI, puede que decida ser menos político que Bensouda, llena de problemas jurídicos y judiciales en la propia Gambia y en la CPI, por ejemplo por sus omisiones en el caso de Maduro por crímenes de lesa humanidad.

Amanecerá y veremos que sucede en esta Colombia llena de normas que poco solucionan los graves problemas que aquejan al pueblo colombiano. Mientras tanto hay que exigirles a los congresistas de las FARC que cumplan con los compromisos adquiridos ante la JEP y no revictimicen a millones de personas afectadas por su crueldad de casi sesenta años.

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Nos pidieron que como gesto de paz desescalaramos en lenguaje agresivo y lo hemos hecho, pero es hora que sean honestos los máximos responsables de la organización política surgida de la desmovilización del 2016.

Y a todas estas, ¿qué pensara la JEP y la comisión de la verdad, cuando ya conocemos por el mismo Timochenko que Márquez y Santrich jamás tuvieron una verdadera voluntad de paz?

«Eso significa que mientras la JEP toma el conocimiento formal de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, habría una especie de limbo. El entonces fiscal Fabio Espitia emitió una circular advirtiendo a sus fiscales de la restricción; y la CPI ya le pidió al ente acusador un informe sobre el tema, tras una visita oficial al país en enero.»

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