Jean Carlo Mejía Azuero. MCL – PhD.
Docente e investigador.
Asesor y consultor internacional

«Las madres de los soldados muertos son jueces de la guerra.» Bertolt Brecht.

El 8 de julio del año 1999, un día olvidado para muchos en el calendario, 38 soldados del glorioso Ejército Nacional caían acribillados por las farc en Gutiérrez, Cundinamarca. 38 historias de vida; 38 seres humanos pertenecientes a familias colombianas y que trabajaban para el Estado cumpliendo el deber de defender al pueblo detentador de la soberanía, de donde provienen las instituciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 217 de la Constitución.

Los protocolos de necropsia y peritajes de balística de medicina legal demostraron que al menos 23 de estos héroes víctimas habían sido ejecutados por las farc, o sea que ostentaban antes de su muerte la condición  de personas protegidas por el DIH, de acuerdo con el Artículo 3 común de los cuatro convenios de Ginebra, que es derecho imperativo internacional, hace parte del bloque de constitucionalidad y constituye en sí un crimen de guerra (ver código Alemán del 2002 sobre crímenes internacionales y la tipificación de crímenes de guerra).

Las farc utilizaron armas convencionales, fusilería básicamente y granadas de mano y fusil. Lo anterior no les quita a estos caídos ni su condición de seres humanos, ni  de víctimas (sentencia C-456 de 1997). Hoy estamos de acuerdo en que el lenguaje de reconciliación y paz debe ser otro al de la contienda, pero para pasar la página hay que contar la verdad y que ella quede impregnada en la memoria de toda la nación para que no se vuelva a repetir la ignominia. Excluir víctimas bajo cualquier argumento es revictimizar.

Militares heridos en Caloto, Cauca. 14 abril de 2017. Imagen tomada de lavozdelcinaruco.com

Hoy también hay que recordar que En el año 1992, cuando todos hablábamos de Pablo Escobar, en Churuyaco, Orito, en el Departamento del Putumayo, tres frentes de las farc asesinaron a un suboficial y 25 agentes de la Policía de todos los colombianos y colombianas. Las pericias mostraron lo mismo que en el caso de Gutiérrez. Tiros de gracia, tortura e incluso decapitaciones. Algo más de un año tenía de vigencia la Constitución Política de Colombia para ese entonces y allí se establecía en su artículo 218 la misión de la Policía Nacional. No obstante, ya llevaba Colombia 28 años de una «nueva» guerra. En ese momento las misiones y roles en la práctica de las FFAA se habían desdibujado llevándonos a una reflexión pertinente. En realidad la teoría dista mucho de la práctica y el contexto delimita cualquier interpretación y aplicación de políticas y normas.

Hoy se discute si esta guerra que llamamos «conflicto armado» no es una prolongación de la violencia política de los 40 y 50; si es una proyección de las manifestaciones de exclusión social de los años veinte del siglo anterior o si es la continuación de las guerras de la era de la «patria boba». Sin duda, este es un país de guerras, amnistías, indultos y constituciones, de ciclos de violencia y múltiples revanchas. Esto no contribuye a la reconciliación. Ahora el otrora excluido excluye en la narrativa al que solo puede ver como victimario, víctimas y vengadores en términos de Iván Orozco.

Las mismas terribles historias de horror, muerte, supervivencia, olvido se han sucedido una y otra vez en casos también de la Armada, como en Iscuande en el 2005, en donde 16 infantes fueron acribillados.

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La Fuerza Aérea también ha padecido la guerra y sus miembros han sido afectados. Pocos recuerdan el atentado con explosivos por parte del ELN al General Álvaro Enrique Mejía Soto en su residencia a finales de los años setenta; los ataques a la Escuela Militar de Aviación o el famoso ataque a Palanquero hace décadas, narrado excepcionalmente por el Mayor (qepd) Oscar Forero Racines. Todas estas son historias de sufrimiento pérdidas en el olvido, NUNCA MAS puede repetirse algo similar. Esta historia de víctimas civiles y militares también se tiene que contar.

La ley 1448, ahora prorrogada, desconocida por gran parte del pueblo colombiano, estableció el 9 de abril como el día de las víctimas del conflicto armado y estas víctimas incluyen a militares, policías y sus familias como lo ha aceptado la constitución, la Ley, la jurisprudencia. Hoy el derecho a la verdad es un derecho fundamental de TODOS los colombianos y colombianas. Eso dice la normatividad y en términos de la mayor experta en justicia para la transición, la Americana Ruti Teitel, a pesar de la máxima politización del derecho en escenarios transicionales, un mínimo de coherencia entre la política y la norma debe existir.

Los museos civiles y la memoria histórica general  del país deben mostrar el drama de millones de  desplazados, asesinados, desaparecidos, torturados, agredidos sexualmente, perseguidos y excluidos. Las guerras desde el siglo XX se volcaron en contra de los que no contendían y desdibujaron concepciones clásicas del ius in bello. En estos escenarios deben estar las historias y testimonios de las víctimas de las FFAA.

Siempre Colombia – Informe No 1. Informe especial sobre infracciones al DIH y violaciones a los DDHH en Colombia.

Pero además, esto dentro de un contexto polemológico (sociología de la guerra o del conflicto armado), como el colombiano, en donde no hay dictadura, autoritarismo o guerra civil, tiene que tener un reflejo en la construcción de verdad, como elemento primordial de justicia para la transición. Por eso la memoria histórica en Colombia debe contener las historias de las víctimas militares y policiales y sus familias, reflejadas en cada uno de los documentos que se diseñen para dignificar a los afectados por la contienda.

Hoy rendimos un homenaje desde el fondo del corazón a todas las víctimas de esta guerra sin nombre. Sin adjetivos, sin exclusiones, sin ánimo de venganza. Tanto víctimas civiles como víctimas militares, que ya superan, por mandato judicial incluso, los 10 millones de seres humanos. Una quinta parte de la población colombiana, léase bien.

En todos los colegios, universidades, e instituciones de educación superior de otra naturaleza se debe enseñar que los soldados y policías, pilotos y marinos no murieron o quedaron heridos dentro de esta guerra porque estuvieran bajo su propio arbitrio en aquellos sitios del territorio patrio en donde ocurrieron los hechos de victimización. Estaban ahí porque los pusimos en esos lugares por una ficción jurídica prevista en la Carta Magna.  Estaban esos seres humanos sirviéndonos, cumpliendo un mandato. Estaban ahí porque era su deber y lo hicieron siguiendo los parámetros de la democracia en donde el poder civil esta por encima del militar como ha sido tradición en una Colombia antimilitarista pero violenta en sus élites y contra élites. La guerra es una violencia estructural, pero no es cualquier tipo de violencia, requiere de ser descrita y analizada con precisión para que no termine una y otra vez repitiéndose.

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Estamos seguros que el informe de la Comisión de la Verdad a publicarse el próximo 28 de junio de este año, reconocerá a los militares, policías y sus familias como víctimas, pero lo más seguro es que lo hará de forma limitada sin describir los 27 hechos victimizantes que nuestras investigaciones y las de expertos como Nathalie Pabón (UNAL), Jaime Cubides (Universidad Católica), Paola Sierra (Universidad Católica), José Arturo Velasquez, Adriana Marin, Fabio Hernán López,  Fabián Laurance Cárdenas, Angélica Suárez,  Andrés González, Sandra Hernández y otros tantos y tantos han demostrado (Ofrezco disculpas por la omisión en citar con nombre propio a todas las personas que han ayudado en este propósito justo, la memoria no ayuda a veces, pero habitan en mi corazón.  Son muchas personas las que han contribuido a la construcción de conceptos, consolidación de estrategias, líneas de acción durante los últimos años, gente civil y uniformada que llena de empatía se ha colocado en las botas de soldados, policías y sus familias).

A ellos todo nuestro agradecimiento por creer en tiempos en donde el término héroe alcanzaba para todo, incluso porque era una orden política no hablar de nuestras víctimas miembros de las Fuerzas Armadas.

Lo anterior significa que ya no estamos ante el soldado desconocido o el policía desconocido. Estamos ante miles de casos ya documentados y aceptados. Los soldados, policías, pilotos, infantes y sus familias no son cifras, eran, son seres humanos, personas, familias, comunidades.

Por esto, es esencial que todos los colombianos y colombianas conozcamos:

1. Quiénes y por qué victimizaron a los miembros de las FFAA y sus familias.
2. Los lugares en dónde ocurrieron los hechos de victimización.
3. La verdad detrás de la victimización de militares y policías.
4. La persecución a familias de soldados y policías como ocurrió en el Putumayo en el 2014.
5. La verdad sobre los planes pistola aplicados a policías y militares francos o en vacaciones. Lo que podría ser incluso crimen de lesa humanidad.
6. La verdad sobre el reclutamiento forzado de hijos de soldados y policías en ciertas regiones de Colombia.
7. Dónde están los militares y policías desaparecidos.
8. Las realidades detrás de los secuestros de familiares y policías de soldados.
9. Los feminicidios de Arauca y Casanare generados por relaciones de amistad y afectivas entre mujeres y miembros de las FFAA.
10. La combinación de todas las formas de lucha en unidades militares y policiales con diferentes propósitos criminales, como en el caso de la camioneta bomba en la Universidad Militar.
11. Los alcances de la guerra jurídica y guerra judicial en Colombia, como el caso de las falsas víctimas de Mapiripán.
12. Las torturas contra miembros de las FFAA y sus familias.
13. Los modus operandi, prácticas, patrones y tipos de homicidio en persona protegida cuyo sujeto pasivo fueron militares, policías o sus familias.
14. El alcance del uso de minas, artefactos explosivos improvisados contra miembros de las fuerzas armadas.
15. El uso de medios y métodos prohibidos en la conducción de hostilidades contra miembros de las FFAA.
16. Los casos de perfidia.
17. Las órdenes de no dar cuartel en enfrentamientos contra miembros de las FFAA… y muchas más.

La memoria histórica de Colombia debe construirse sobre el contexto real del país, no sobre contextos teóricos o trasplantados.

Todas las encuestas muestran el amor y respaldo que el pueblo colombiano tiene por sus FFAA a pesar de todos los problemas que las aquejan en tiempos de desconfianza;  esto debe enseñarnos que a diferencia de transiciones de otras latitudes, incluso cercanas, en  Colombia no ha sido el estado el único violador o infractor de los DDHH y el DIH. Por lo tanto, no estamos en una construcción de justicia de transición pos dictadura o guerra civil. (Violencias estructurales sin democracia a nivel vertical y horizontal).

A pesar de los errores y horrores cometidos por militares y policías en sesenta  años de guerra, aquí no se ha dado ni una ruptura constitucional, ni un golpe de estado militar, ni estamos al frente de unas FFAA criminales. Por ello la mayoría de Colombia ha aceptado y acompañado la existencia de víctimas de las Fuerzas Militares.

Estamos esperando que todos los miembros de los grupos armados al margen de la ley, paras y guerrillas (GAOS y GDO) salgan a pedir perdón por sus crímenes, no solo en relación a mas de diez millones de víctimas en donde ya están incluidas las provenientes de las FFAA, sino que también como demostración real para una construcción de paz (que costará décadas), acepten que jamás los medios violentos e ilegales podían sustentar cualquier finalidad perseguida por altruista que ella fuera. Así lograremos una garantía real y no solo teórica de no repetición.

Colombia, su gobierno, su justicia, su legislación ha permitido que como Estado, se pida perdón y se repare a las víctimas de hechos cometidos por agentes del Estado, civiles y de las FFAA.

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Lo mínimo que esperamos es que las  otrora farc, el eln, y en ley de justicia y paz los paras, respondan por sus víctimas y que no excluyan jamás a las de las FFAA. Los asesinados en Gutiérrez, Orito, Iscuande, Palanquero, y en miles de lugares de nuestra geografía no pueden ser olvidados, no son cifras, ni frías estadísticas, eran humanos y sus familias reclaman verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Insistimos hoy en nuestra propuesta ampliada sobre la creación de las alamedas de los héroes. En cada lugar de Colombia en donde hayan sido asesinados o heridos miembros de las FFAA con ocasión del conflicto armado, deben ser creadas alamedas de los héroes – víctimas, a cargo de los respectivos municipios y con origen en el presupuesto de acuerdo con normas de la ley 418 de 1997 y normas posteriores como la 1448. En dichas alamedas una placa podría indicar: «aquí murieron o fueron heridos soldados y policías de Colombia en cumplimiento de su deber, gracias a ellos hoy se puede construir la Paz».

Finalmente, es necesario agradecer a todos los que han trabajado en las leyes de veteranos (dos vigentes para el momento), las de reservistas de honor y otras más, este tipo de normas deben unificarse luego de una depuración en una normatividad sencilla y sin trabas para ser aplicadas. Todavía además esperamos la política pública sectorial de las víctimas miembros de la Fuerza Pública ya que no ha existido voluntad política ni en la unidad de víctimas ni en el Ministerio de Defensa Nacional.

Semanalmente encontramos a más y más seres humanos afectados por la guerra que portaron el uniforme y que no conocen ni sus derechos, ni garantías. El humanismo no solo debe ser un concepto sino principalmente una realidad en el día a día.

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