Es deber del estado proteger la libertad de prensa, y de ser en algún momento puesta en peligro, es deber de los ciudadanos no permitir que les sea arrebatada.
El caso de Juan Pablo Bieri es sin duda bastante particular, porque ejercer la censura desde la televisión pública es un paso atrás y un atentado flagrante a la democracia.
La presión ejercida por la opinión pública a partir de la divulgación que hizo la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) del audio en el que Juan Pablo Bieri ordenaba la censura del programa «Los puros criollos» fue tal, que terminó con la renuncia de Bieri el jueves en la mañana.
Utilizar los bienes públicos y quitarle espacios a los que piensan diferente es lo que hizo el chavismo en Venezuela con resultados desastrosos.
Garantizar espacios para quienes son críticos de las instituciones y de los gobernantes es un deber, no un favor.
Este es el segundo paso en falso en materia de la libertad de prensa que da el gobierno de Iván Duque, el primero con la Ley Tic, el segundo al nombrar a alguien tan parcial como Juan Pablo Bieri, que no vio problema en censurar «Los puros criollos» porque según él: «No le gustaba el programa».
Las declaraciones de la Vicepresidenta Martha Lucia Ramírez están fuera de lugar y dejan mucho que pensar, al decir que no veía razón para que Bieri renunciará.
Algunos gobernantes piensan que los bienes públicos son de su propiedad por los años que dura su gobierno, olvidando que lo público es de todos, y ellos sólo son administradores.
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