Jean Carlo Mejía Azuero. PhD – LpD.
Profesor CAEM – Cidenal – Cesep.
Perito en derecho operacional. Cte. IDH.
Doctrinante.
El antimilitarismo de élites y contra élites, que data incluso desde la primera república (Lino de Pombo por ejemplo sostenía la necesidad de promover una pedagogía cívica orientada a hacer del soldado un ciudadano antes que un guerrero), no ha logrado impedir el guerrerismo civilista que ha acompañado al pueblo colombiano durante dos siglos; generador además de múltiples contiendas bélicas, entre ellas el actual conflicto armado que nos desangra, así se le siga negando o llamando «orden público».
Sin embargo, como se verá en las siguientes letras, el llamado «Santanderismo» , expresión repetida a diestra y siniestra pero no entendida desde la visión del estratega y constructor del estado, inoculó en el ADN del soldado ciudadano colombiano a través de una paradoja su más representativa cualidad: la civilidad; acompañada de una cultura democrática y la vocación de contribuir a la búsqueda de una paz estable y duradera, así como al desarrollo a través de la acción integral, hoy denominada coyunturalmente acción unificada.
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Evitando en el período de la Gran Colombia que el militarismo independentista, principalmente de estirpe bolivariana se entronizara en el territorio nacional, los radicales civilistas antimilitaristas, desligados del verdadero propósito de Santander aunque algunos eran seguidores del prócer , emprendieron una campaña de desprestigio contra el sector castrense, argumentando entre otras el peligro que entrañaba para las libertades públicas contar con un ejercito organizado en tiempos de paz (siguiendo las previsiones expuestas desde la Carta Magna de 1215, la petición de derechos de 1628 y claro esta la declaración del buen pueblo de virginia de 1776) y las múltiples prerrogativas, beneficios, pensiones, indemnizaciones y recompensas que se les habían otorgado a los soldados, afectando las finanzas de la naciente República.
En algunos casos la historiografía colombiana demuestra que existieron evidencias de abusos cometidos por algunos militares , denunciados incluso por el General Pedro Briceño secretario de guerra y Marina (1823. Memoria del secretario de Estado. P. 4), pero estos casos no fueron la regla en el territorio nacional.
Imagen tomada de acore.org.co
Dentro de tantas estrategias, además con gran despliegue mediático, que utilizaron los extremistas civilistas citados contra militares y milicias, y que tenían también en nuestro sentir un propósito de evitar la participación en política de algunos independentistas que habían portado las armas – por temor a su popularidad – tal y como se corrobora con la lectura de las normas de esa época, el historiador Juan Carlos Chaparro (2019) describe algunas de las más curiosas y creativas, demostrando de paso la sagacidad y astucia de ciertas elites en el país, la cual se ha extendido hasta el presente a las contra elites o minorías.
Sostiene el profesor Chaparro que los antimilitaristas «actuando con el ingenio y la perspicacia que el asunto demandaba, buscaron convencer a los militares de que su legal y natural condición no sólo era la de mantenerse subordinados, obedientes, y no deliberantes ante el estado y sus autoridades civiles instituidas, sino la de constituirse como genuinos defensores de la República … »
Imagen tomada de theepochtimes.com
Desconfiando de los militares, considerándolos a todas luces guerreristas, lo mismo que sucede hoy, la estrategia de los antimilitaristas, fue compelerlos públicamente a un comportamiento diferente, propio de naciones civilizadas. Y habrá que indicar que siguiendo las normas previstas y la Constitución de Cúcuta de 1821 el encargado del ejecutivo generó en 1826 todas las normas orgánicas del sector militar, las cuales fueron derogadas en la posterior dictadura y retomadas debidamente actualizadas ya en la Nueva Granada en 1832.
Otra evidencia de la estrategia usada por los antimilitaristas de la naciente República, que debería revisar por ejemplo la Comisión de la verdad para no repetir los terribles errores del «Basta Ya» , se encuentra en la publicación El Patriota de 1823 también citada por Chaparro; en ella se vuelve a insistir:
«Los defensores de la independencia y Libertad de Colombia deben hacer los votos más firmes por tales objetivos […] amor a la independencia y a la libertad, respeto y obediencia a las leyes y a las autoridades, sumisión a sus superiores, valor, constancia y sufrimiento, he aquí en compendio las virtudes que deben adornar a un militar como defensor de la República. Los pueblos extranjeros pueden venir a admirar en los bravos militares de Colombia virtudes poco comunes y el orgullo de estos defensores ilustres debe consistir no sólo en lo que ya han trabajado por libertar a su patria del yugo español, sino en lo que tienen aun que trabajar constantemente en mantenerla independiente y bajo el dulce imperio de las leyes».
De esa forma, la estrategia política de los antimilitaristas de las élites de la Gran Colombia , terminó determinando, sin ser su intención, más si la concepción santanderista, la forma de ser y comportarse por parte del soldado colombiano, que sigue contribuyendo en la solución de los más grandes problemas nacionales desde la perspectiva de seguridad y defensa.
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Nuestra experiencia durante los diálogos con las Farc asesorando a las fuerzas militares y a la policía terminaron de corroborar que en el imaginario nacional e internacional, creado por los herederos del radicalismo antimilitarista del siglo XIX, se le ve al soldado colombiano como el mayor responsable de la guerra actual y eso nunca ha sido así .
Se trato durante ocho años de imponer, trasplantar y aplicar experiencias propias de la superación de guerras sin existencia de democracia o de sobreponerse de regímenes totalitarios y dictaduras para el caso de las fuerzas armadas y se sigue presionando por ejemplo la disminución del pie de fuerza, la
«desmilitarizarización» de ciertos sectores, «cambios doctrinales» y tratando de argumentar sobre «estándares», que no tienen nada que ver con nuestro contexto.
Pero, ¿Qué pensaran todos aquellos que durante décadas y décadas han atribuido todos los males de Colombia a la fuerza pública y sus actuaciones y omisiones dejando indemnes a las elites civiles e incluso en el caso de los acuerdos del Teatro Colón con estas evidencias de la historia? Aparecerá el informe de la Comisión de la verdad; los argumentos en las providencias de la JEP y los pronunciamientos de la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas y veremos.
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