Imagen Fuente: Twitter @AlvaroUribeVel
Este martes se dio a conocer que la Procuraduría General solicitó formalmente que el caso que avanza desde el 3 de agosto contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, por supuesto soborno en actuación penal y fraude procesal, debe quedar en manos de la Fiscalía General. Pues argumentan que Uribe al renunciar a su curul en el senado “perdió la competencia para continuar con los procesos que tengan relación con delitos comunes” y al ser delitos comunes que no tendrían relación con su función de congresista.
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En un comunicado de 21 páginas, la Procuraduría da las razones para que el caso de Uribe sea enviado a la Fiscalía. Una de ellas explica que la Sala de Instrucción no relaciona actuaciones presuntamente desplegadas por Uribe que lo involucren en un abuso de poder para controlar su liderazgo político, que pudiera tener incidencia en el caudal electoral, en la que de manera delictiva, consolidará su posicionamiento en el cargo.
A su vez, argumenta que tampoco se demostró que hubiera utilizado servidores de la Unidad de Trabajo Legislativo o que pusiera en peligro su actividad en el Congreso y agregó que «si no existe prueba siquiera sumaria de que el sindicado se hubiere valido o utilizado sus facultades como senador para supuestamente cometer tales delitos, mucho menos obra alguna encaminada a demostrar que en la presunta comisión de los mismos se excedió o abusó de sus labores congresuales».
Por su parte, Uribe subió en su cuenta de Twitter un comunicado hacia los magistrados de la Corte Suprema, refiriéndose a la privación de su libertad.
Los magistrados, para ponerme preso ilegalmente, confunden repuesta a incidente de desacato de tutela con carta para presionar a un testigo pic.twitter.com/kRWyIi6X3p
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 26, 2020
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Fuente: Redacción Mundo 7/24, Anyel Ruiz.
